El Ejecutivo ha aprobado el real decreto que establece la obligatoriedad de la factura electrónica B2B en las operaciones entre empresas y profesionales. La medida responde a dos objetivos estructurales: reducir la morosidad y simplificar los procesos administrativos, especialmente en pequeñas y medianas empresas.

En un contexto donde los plazos de pago en España rondan los 80 días —muy por encima de los 60 días que marca la normativa—, el cambio busca corregir una de las principales debilidades del tejido empresarial.

La obligación de factura electrónica B2B permitirá a las compañías conocer con precisión el estado de cada factura, desde su emisión hasta el cobro efectivo. Esta trazabilidad mejora la previsión financiera, algo crítico para las pymes, que dependen en gran medida de la liquidez diaria para operar y crecer.

Control en tiempo real y mayor transparencia

El sistema redefine la factura como un archivo estructurado que puede ser procesado automáticamente, sustituyendo formatos tradicionales como el papel o el PDF. A partir de ahora, será obligatorio informar sobre hitos clave como la aceptación de la factura y la fecha de pago.

Este nivel de detalle permitirá a la Administración supervisar de forma efectiva los plazos de pago reales. Según datos de la Comisión Europea, solo alrededor del 20% de las grandes empresas cumple con los tiempos establecidos, lo que genera tensiones en la cadena de suministro. Con el nuevo modelo, se espera una reducción significativa de estos retrasos.

Dos vías para operar: plataformas privadas y solución pública

Las empresas podrán elegir entre utilizar plataformas privadas o acceder a una herramienta pública impulsada por la Agencia Tributaria. Este sistema público está diseñado para garantizar la accesibilidad, especialmente para pequeños autónomos con pocas facturas.

Las plataformas privadas, por su parte, deberán ser interoperables, evitando que una empresa quede limitada a la tecnología de un cliente o proveedor. Esta interoperabilidad es clave para asegurar un ecosistema abierto y competitivo.

Ahorro de tiempo y reducción de costes operativos

La implantación de la factura electrónica supone una mejora significativa en eficiencia. La automatización elimina tareas manuales como la introducción de datos, reduciendo errores y tiempos de gestión. Actualmente, en España ya se intercambian más de 550 millones de facturas electrónicas al año, lo que ha generado ahorros estimados superiores a los 2.700 millones de euros.

Sectores como la distribución, el automóvil o el turismo ya han adoptado este modelo de forma generalizada, demostrando su impacto positivo. A medio plazo, si se alcanzan niveles similares a los de Italia —donde se gestionan más de 2.000 millones de facturas electrónicas anuales—, el ahorro podría superar los 8.000 millones de euros para el conjunto del tejido empresarial.

Implantación progresiva para facilitar la adaptación

El despliegue de la normativa será gradual. Las empresas con una facturación superior a 8 millones de euros dispondrán de un plazo de un año para adaptarse, mientras que el resto contará con dos años. Este calendario comenzará a aplicarse tras la publicación de la orden ministerial que regulará los aspectos técnicos del sistema, prevista antes de julio de 2026.

Este enfoque escalonado busca minimizar el impacto operativo y garantizar que todas las empresas, independientemente de su tamaño, puedan integrar el nuevo sistema sin fricciones.

Diferencias con el sistema Verifactu

La aprobación de esta normativa coincide con el desarrollo de otro marco regulatorio impulsado por el Ministerio de Hacienda: Verifactu. Aunque ambos comparten el objetivo de modernizar el entorno fiscal, su alcance es distinto.

Mientras la factura electrónica B2B se centra en digitalizar y controlar las relaciones comerciales entre empresas, Verifactu pone el foco en la lucha contra el fraude fiscal. Este último introduce requisitos técnicos en los programas de facturación para evitar manipulaciones y mejorar el reporte de información a la Agencia Tributaria, con efectos previstos a partir de 2027.

Hacia una economía más digital y eficiente

La medida se enmarca en la estrategia de modernización económica y digitalización impulsada tanto a nivel nacional como europeo. Forma parte del desarrollo de la Ley Crea y Crece y se alinea con iniciativas comunitarias para transformar el sistema del IVA.

Los datos reflejan una evolución del tejido empresarial hacia estructuras más sólidas: desde 2019, las empresas medianas han crecido un 8,3%, mientras que las microempresas han aumentado ligeramente.

En este escenario, herramientas como la factura electrónica refuerzan la competitividad, reducen las asimetrías y favorecen un entorno más equilibrado para pymes y grandes compañías. Desde GDX Group podemos ayudarte, ¿hablamos?