Ley 39/2015, imprescindible para trabajar con la Administración Pública

Si tienes una empresa, es indispensable que conozcas la Ley 39/2015, que establece el procedimiento administrativo común que rige el funcionamiento de todas las Administraciones Públicas. Especialmente, merece la pena destacar su importancia en lo referente al uso de las nuevas tecnologías en las organizaciones.

Las bases de la Ley 39/2015

Esta ley de procedimiento administrativo se centra en el desarrollo de las TIC en la Administración, con el objetivo de mejorar su eficiencia y eficacia. Uno de sus puntos fundamentales es señalar el uso de la tramitación electrónica como el modo de tramitación habitual de las distintas administraciones. De esta manera, afirma que se ahorran costes a los ciudadanos y a las empresas, a la vez que se les garantiza una actuación adecuada. Por lo tanto, hace hincapié en la necesidad de agilizar la implantación de los procedimientos electrónicos.

Igualmente, se señala la necesidad de mejorar la normativa referente al uso de las tecnologías en Administraciones Públicas, puesto que adolecen de una gran dispersión.

Una ley para el uso de las TIC por parte de la Administración

Según esta ley, el uso de las TIC debe ser el eje para la relación de diferentes administraciones entre sí y con sus organismos y entidades vinculados o dependientes. De esta manera, se debe garantizar su interoperabilidad y la seguridad de las comunicaciones, así como la protección de los datos personales. Fruto de todo ello, los servicios que se presten a los ciudadanos serán más rápidos, eficaces y sencillos. A este respecto, el texto alude a la necesidad de establecer sedes electrónicas, portales de Internet para la interacción con los usuarios y el desarrollo de sistemas de archivo electrónico de documentos, entre otros elementos indispensables para una administración electrónica eficaz.

La importancia de la ley

Uno de los aspectos por los que destaca la Ley 39/2015 es porque supone el establecimiento de un marco jurídico para la aplicación de los medios informáticos y electrónicos. A su vez, introduce novedades en la e-Administración, tanto a nivel estatal como autonómico y local. Una de las más importantes es el establecimiento de un Registro Electrónico de Apoderamientos, que implica la plena interoperabilidad de todas las administraciones, la compatibilidad informática y la trasmisión telemática de las solicitudes.

Derechos de los ciudadanos

Esta ley establece el derecho y la obligación de los ciudadanos a relacionarse con las distintas administraciones usando los medios electrónicos a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración. También recoge otros derechos importantes para los usuarios:

– La asistencia en el uso de los medios electrónicos utilizados para relacionarse con la Administración Pública.

– El uso de los medios de identificación electrónicos.

– La protección de datos y la seguridad y confidencialidad de los que figuran en los ficheros públicos de documentos.

Por lo tanto, esta ley pretende garantizar que, como usuario, tengas todas las facilidades posibles para hacer cualquier trámite administrativo o solicitar un servicio público para tu empresa de forma electrónica.

Obligaciones de los ciudadanos

La Ley 39/2015 no solamente prevé los derechos de los ciudadanos a la hora de relacionarse por vía electrónica con la Administración correspondiente. También establece una serie de obligaciones que deberán cumplir ciertos sujetos.

Así, en su artículo 14 establece que las administraciones podrán exigir a las personas físicas que «por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios» los usen para llevar a cabo determinados procedimientos establecidos.

Asimismo, también recoge que el uso de las TIC en la relación con la Administración Pública es obligatorio para todas las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica y todas aquellas personas que realicen una actividad profesional para la que tengan que estar colegiados. También deben recurrir a estas tecnologías las personas que representen a un interesado que cumpla con las condiciones anteriores y los propios empleados de la Administración cuando realicen acciones relacionadas con su propia condición.

La obligatoriedad del Registro Electrónico General

El artículo 16 de esta ley también establece que cada Administración debe contar con un Registro Electrónico General en el que se guarde constancia de todos los documentos presentados, recibidos o emitidos. Este registro debe cumplir con los requisitos de la Ley de Protección de Datos y ser accesible por los sujetos relacionados para posibles comprobaciones.

En definitiva, conocer el contenido de la Ley 39/2015 te permite tener mejor definidos tus derechos y obligaciones como usuario de la Administración Pública. Así, podrás relacionarte con esta de manera mucho más efectiva. Y especialmente importante es el establecimiento de la prioridad de la e-Administración como medio para las gestiones entre organismos públicos y personas jurídicas y físicas. Por lo tanto, esta ley debe convertirse en tu referente a la hora de establecer cualquier tipo de relación entre tu empresa y las distintas Administraciones Públicas.