La Ley Crea y Crece, que afectará a miles de empresas de toda España, se encuentra a la vuelta de la esquina. Todas las entidades deberán ajustarse a las modificaciones y a la implantación de la factura electrónica en el ámbito privado, luchando así contra la morosidad y facilitando la creación de pymes.
La Ley Crea y Crece se aprobó oficialmente en septiembre de 2022, entrando en vigor un mes más tarde. Se recoge como una de las iniciativas clave del ‘Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia’, dentro del marco estratégico del Gobierno de España para acceder a los fondos de financiación europeos; Fondos Next Generation.
Gracias a esta nueva normativa, se mejoran las condiciones de negocio, se fortalece el entorno empresarial de las pymes españolas y se trabaja por promover el espíritu emprendedor en España. No obstante, el principal avance, que en caso de incumplimiento derivará en sanciones, es la obligatoriedad de la facturación electrónica.
Plazos de implementación de la facturación electrónica
Entre finales de 2024 y principios de 2025 deberán adaptarse las empresas con una facturación anual superior a los ocho millones de euros. Para finales de 2025 o principios de 2026, las empresas con una facturación anual inferior a los 8 millones de euros (pymes y autónomos). Para finales de 2026 o principios de 2027, será el turno de los autónomos en su totalidad, obligados a informar a sus proveedores sobre el estado de sus factores (recibidas y/o pagadas).
Reglamento clave sobre la Ley Crea y Crece
Si por algo se caracteriza la Ley Crea y Crece es por simplificar y agilizar los procedimientos para implantar empresas. Así pues, se podrán crear de manera rápida, telemática y sin grandes recursos.
En todo caso, la Ley Crea y Crece busca combatir la morosidad con la aplicación de la facturación electrónica. Solo así se podrá reducir la burocracia y respaldar financieramente la expansión de las pymes.
De este modo, impedirá el acceso a subvenciones públicas a empresas que incumpliesen los plazos de pago. Por consiguiente, se crea una lista negra para los autónomos y empresas que no cumplan con los periodos legales de pago de 60 días.
Otro aspecto a tener en cuenta de la Ley Crea y Crece es que suprime las barreras legales para las actividades económicas. Así pues, aplicará las opciones de operar sin licencia y promoviendo la colaboración entre diferente entidades gubernamentales.
Además, trabaja por fortalecer los recursos de financiamiento empresarial, incentivando la utilización de métodos alternativos de la talla del crowdfunding y expandiendo las oportunidades que figurasen dentro del ámbito del capital de riesgo.
Simplificación del proceso de creación de empresas
El reglamento técnico de la Ley Crea y Crece recoge como aspecto destacado la agilización de los trámites. Los emprendedores podrán llevar a cabo todas las gestiones de constitución y primeros pasos de su empresa de forma remota y en menos de 10 días a través del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE).
La nueva normativa permite la creación de Sociedades de Responsabilidad Limitada (SL) con un capital social mínimo de tan solo 1 euro, en contraste con el requisito anterior de 3.000 euros. Además, se exigirá una reserva del 20% de los beneficios, hasta alcanzar la cifra mínima de capital social.
La nueva normativa también establece la obligatoriedad de todos los notarios de estar disponibles en la plataforma de la Agencia Electrónica Notarial. También se prohibirá rechazar cualquier trámite de constitución de empresas iniciados por el CIRCE.
Reducción de obstáculos en la expansión del negocio
Capítulo aparte merece la ampliación del número de actividades económicas exentas de licencia para operar. Y es que la Ley Crea y Crece realiza modificaciones en la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, promoviendo la colaboración entre entidades gubernamentales y facilitando las reclamaciones de las empresas ante las administraciones que no cumplan con los principios de regulación económica adecuada.
La factura electrónica
En la Ley Crea y Crece, la facturación electrónica pasa a ser fundamental para combatir la morosidad comercial. A partir de ahora, el artículo 12 de la nueva normativa recoge la obligatoriedad. Esta exigencia ya estaba presente para el sector público desde hace casi una década bajo la Ley 25/2013.
Todos los profesionales estarán obligados a emitir, enviar y recibir facturas electrónicas en sus transacciones comerciales con otros empresarios y profesionales. Deberán aportar información sobre el estado de sus facturas y las soluciones tecnológicas y plataformas empleadas precisarán de interconexión e interoperabilidad sin coste adicional.
En cualquier caso, la Ley Crea y Crece recoge que, durante un periodo de cuatro años a partir de la emisión de las facturas electrónicas, los destinatarios tienen derecho a solicitar una copia de las mismas sin incurrir en costos adicionales. ¡Desde GDX Group te ayudamos para que la transición hacia la facturación electrónica sea más ágil y sencilla!